DERECHO ARGENTINO
El estado de la justicia en el país
por el Dr. Carlos Molina
La crisis terminal del sistema judicial
argentino es ya un lugar común en los diarios, en los medios y
en las conversaciones corrientes que mantiene la gente sobre el
punto.
La desconfianza de la población en el sistema judicial argentino
encuentra varios puntos en los que se sustenta. Podemos mencionar
a modo de ejemplo:
Falta de independencia el poder judicial respecto de los otros
dos poderes (ejecutivo y legislativo).
Lo señalado precedentemente desemboca en un alto grado de
politización del fuero especialmente en el ámbito de la
justicia federal.
Como producto de lo anterior el elevado grado de corrupción de
gran parte de los funcionarios judiciales.
A niveles menores las causas judiciales sufren un considerable
atraso.
Las resoluciones judiciales se caracterizan en el ámbito
patrimonial por decisiones que desconocen los mas elementales
derechos de propiedad lo que a su vez desencadena un importante
nivel de desconfianza e inseguridad jurídica.
Los jueces no suelen atenerse ni a atarse a ningún patrón
legal. Sus decisiones tanto de forma como de fondo ignoran no
solamente lo establecido en las leyes de fondo (Código Civil,
Penal, Comercial, legislación concordante, etc.) sino también
sus propios pronunciamientos, y en muchas ocasiones hasta los de
sus superiores (fallos plenarios).
Los fallos se acomodan a las características y personalidad de
los litigantes con independencia de los casos concretos en los
que se enmarcan y de las leyes sustanciales. En lugar de tener
una justicia para todos se tiene una justicia "a
medida" de los más influyentes.
La situación conocida por la ciudadanía despierta criticas
tibias, pero el ciudadano común no se siente parte del problema
y conforme la costumbre argentina, opta por delegar la solución
a ese ente misteriosamente dotado de vida que se llama "el
estado" (lo que demuestra una vez más que los temas
esenciales o vitales no pueden dejarse en manso del estado).
Se ha vendido con bombos y platillos la idea que a través del
Consejo de la Magistratura (novedosa entidad jurídica creada por
la reforma constitucional de 1994) vendrá a solucionarse el
problema.
El organismo en cuestión, no se encuentra dentro de la
tradición jurídica argentina, lo que en rigor no habla ni a
favor ni en contra del mismo. Se dice que a través del mismo el
poder judicial argentino logrará la tan ansiada independencia
que necesita.
No estamos seguros que el problema sea la falta independencia del
poder judicial. Reconocemos que se trata de un problema, pero a
nuestro juicio hay otros factores que influyen en la deficiente
administración de justicia en nuestro país. Creemos que la alta
concentración de poder en el poder ejecutivo opera como un
desinsentivo, ya que desalienta a los jueces a tomar decisiones
que muy frecuentemente a través de un decreto o resolución
ministerial quede totalmente desvirtuado.
La morosidad judicial transforma en ilusorias las ejecuciones de
sentencias firmes, y en el ínterin los deudores condenados
tienen tiempo más que suficiente para dilapidar todo su
patrimonio y convertir en letra muerta las condenas de pago.
En el ámbito del derecho penal una reciente reforma del código
de procedimientos ha atenuado en mucho la rigurosidad del antiguo
código de procedimientos penal. En los hechos deudores y
delincuentes resultan ser beneficiados por un sistema judicial
que a través de su proverbial lentitud y lenidad de sus penas
permiten y alientan comportamientos abiertamente reñidos con la
ley.
La desconfianza y descreimiento de la ciudadanía ante el
panorama descripto y su anomia alienta a los malvivientes
(deudores y delincuentes) a moverse como pez en el agua.
Abundan los proyectos de reformas para solucionar las cuestiones
planteadas. Sin embargo los propósitos y las intenciones no se
traducen en resultados concretos.
En el fondo el problema judicial argentino reconoce un común
denominador con otros aspectos que tratamos en este espacio. Si
la ciudadanía no cree en el imperio de la ley eso no puede
significar otra cosa que cree en el imperio de la fuerza. Es
cierto que dentro de esta corriente hay una amplia gama de
matices.
Pero los representantes elegidos por el pueblo son precisamente
SUS REPRESENTANTES. Y de alguna manera los hay, una minoría, que
traiciona el mandato que se les ha dado, sin embargo la gran
mayoría lo lleva a cabo.
La confianza en la justicia solo podrá recuperarse cuando se
reponga la confianza en las instituciones, en las leyes y en la
ley fundamental. Si la sociedad no reposa en la ley ha optado por
la anarquía y la anarquía es la ley del mas fuerte, en
definitiva de aquel que puede en última instancia imponer sus
condiciones.
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