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Cómo los sindicatos reducen los salarios reales
Por HENRY HAZLITT
Durante más de un siglo, el pensamiento económico, no sólo el del público, sino el de la mayoría de los economistas, ha estado dominado por un mito: el de que los sindicatos obreros han sido en conjunto una institución altamente beneficiosa, y han elevado el nivel de los salarios reales muy por encima del que habrían alcanzado sin su continua presión. Muchos incluso hablan como si los sindicatos fueran el factor principal en cuantas ventajas han conseguido los trabajadores.
No obstante, la verdad lisa y llana es que los sindicatos no pueden mejorar los salarios reales de todos los trabajadores. Aún más: la política que de un modo sistemático han seguido desde su nacimiento ha reducido los salarios reales del conjunto de los trabajadores a un nivel menor del que hubiesen alcanzado sin su intervención. Los sindicatos son hoy la más destacada fuerza antiobrera.
Para entender por qué ocurre así, hemos de comprender cómo se forman los salarios en el mercado libre. El salario es un precio y, como los demás precios, viene determinado por la oferta y la demanda. A su vez, la demanda de trabajo está determinada por la productividad marginal.
Si los salarios suben por encima de los niveles así fijados, los empresarios se deshacen de sus obreros marginales, porque les cuestan más de lo que producen, y no es posible emplearlos mucho tiempo en pura pérdida. Si, por el contrario, los tipos de salario descienden por debajo de la productividad marginal de los trabajadores, los empresarios vuelven a competir entre sí por contratar nuevos operarios, hasta llegar al punto en que ya no obtienen ningún beneficio marginal al emplear más hombres o pujar por ellos mediante la oferta de mejores salarios.
De modo que, si suponemos que existe libertad de movimientos tanto para el capital como para el trabajo, y libre competencia tanto entre los trabajadores como entre los empresarios, habrá pleno empleo para todo el que quiera y pueda trabajar, y el tipo de salario percibido por cada trabajador tenderá a ser igual a su productividad marginal.
Se dirá --y, de hecho, se ha repetido mucho-- que semejante análisis es tan sólo una hermosa abstracción, y que en el mundo actual no existe esa movilidad y competencia ni en el capital ni en la mano de obra. Lo que de hecho existe, han argüido algunos economistas, es un amplio margen de "indeterminación" en los salarios, y a los sindicatos corresponde procurar que se fijen en lo alto, y no en lo mas bajo de esa escala oscilante.
No pretendemos que la teoría de la indeterminación sea totalmente errónea; pero lo que si podemos afirmar es que para el problema de los sindicatos tiene escasa importancia. La teoría de la indeterminación sólo es cierta para los salarios en la misma medida en que lo es para otros precios; es decir, allí donde el mercado es muy reducido o muy especializado. Lo es, por ejemplo, para ciertos puestos muy especializados del periodismo, las universidades, la investigación científica o las profesiones liberales. Pero donde nos encontramos en presencia de gran número de trabajadores no especializados, o con especialidades muy difundidas --como es el caso de los carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, ferroviarios, camioneros...-- esa zona de indeterminación se hace muy angosta o desaparece. Son los propios sindicatos de una determinada rama u oficio los que insisten en que la preparación de sus afiliados es tan semejante que hay que pagarles a todos igual salario. Se da así la paradoja de que los sindicatos se forman y prosperan precisamente donde son menos necesarios para conseguir que sus afiliados obtengan un salario de mercado libre equivalente a su productividad marginal.
Todos sabemos que un determinado sindicato puede hacer que se pague a sus miembros un salario en dinero superior al que hubiese fijado el mercado libre. Para ello le basta una huelga, y a menudo la simple amenaza de provocarla.
Pero una huelga no es, como a diario se pretende, el simple acto por el que un trabajador "retira su trabajo", ni siquiera la simple colusión de un grupo numeroso de trabajadores para "retirar su trabajo" o abandonar sus puestos simultáneamente. Lo importante en la huelga es la pretensión de los trabajadores de que no han abandonado en modo alguno sus empleos. Aseguran que siguen siendo empleados, y además los únicos legítimos. Reclaman la propiedad de los empleos en los que se niegan a trabajar, el derecho a impedir que nadie ocupe los puestos que han abandonado. Tal es el fin de sus piquetes, y del vandalismo y la violencia a que a veces recurren o amenazan con recurrir. Aseguran que el empresario no tiene derecho a reemplazarlos por otros trabajadores, de modo temporal o permanente, y se encargan de que no lo haga. Sus pretensiones van siempre respaldadas por la intimidación y la coerción, cuando no por la auténtica violencia.
Ocurre así que dondequiera que un sindicato obtiene un beneficio mediante una huelga o amenaza de huelga, lo consigue oponiéndose por la fuerza a que otros trabajadores ocupen los puestos que los huelguistas han abandonado. El sindicato consigue siempre sus triunfos a costa de esos trabajadores excluidos.
Resulta sorprendente descubrir cómo, de un modo sistemático, quienes se proclaman humanitarios, incluso entre los economistas profesionales, se las han arreglado para olvidar a los sin trabajo, o a los peor retribuidos, víctimas de las "ventajas" conseguidas por los sindicatos.
Es importante no olvidar que los sindicatos no pueden crear un "monopolio" de toda la mano de obra, sino cuando más del trabajo en ciertos oficios, empresas o ramas industriales. El monopolista de un producto puede conseguir un precio de monopolio más alto para ese producto, y quizá obtener de él unos ingresos totales mayores, restringiendo deliberadamente la oferta, bien sea negándose a producir cuanto podría, bien reteniendo una parte de la producción, o incluso destruyendo cierta cantidad de lo ya producido. Pero mientras que los sindicatos pueden restringir, y de hecho restringen, el número de sus afiliados, y excluir de su organización a los demás trabajadores, no pueden reducir el número total de trabajadores en busca de empleo.
Por tanto, cada vez que los sindicatos consiguen para sus afiliados salarios mas altos de los que resultarían de la libre competencia, sólo pueden hacerlo aumentando el paro, es decir, el número de trabajadores obligados a competir por los demás empleos, y haciendo así que disminuyan comparativamente los salarios pagados por estos empleos. Todo "aumento" por vía sindical (es decir, todos los tipos de salario superiores a los que el mercado libre competitivo hubiese fijado) se consigue a costa de salarios mas bajos para una fracción más o menos importante de los obreros no sindicados. Los sindicatos no pueden elevar el nivel medio de los salarios reales, sino, cuando más, distorsionarlo.
Como las ventajas para los sindicados se obtienen a costa de los no sindicados, resulta instructivo preguntarse qué proporción de la población activa total representan los afiliados a los sindicatos. Para Estados Unidos, la respuesta es que los trabajadores sindicados ascienden actualmente a unos 20 millones, es decir, no mas del 25 por l00 de la fuerza laboral total, que es de 87 millones. Los sindicatos son, pues, claramente minoritarios. El hecho no merecería ser subrayado si hubiese razón para pensar que los ingresos medios de los trabajadores sindicados son menores que los de los no sindicados. Pero, aunque las comparaciones estadísticas pueden no ser exactas, hay pruebas concluyentes de que sucede todo lo contrario. Son las ocupaciones más especializadas las que tienen mayor número de sindicados. Vemos, pues, a una minoritaria cuarta parte de trabajadores ya altamente pagados que explota a una mayoría de las tres cuartas partes, formada sobre todo por trabajadores no sindicados que ganaban ya menos que ellos.
La gente podría ahorrarse mucha simpatía mal empleada si la próxima vez que leyese en los periódicos noticias de una huelga para conseguir un "salario decente" se tomase la molestia de comparar lo que ganan esos huelguistas con, por ejemplo, las estadísticas oficiales de salarios medios en todas las ocupaciones no agrícolas.
Por supuesto, las "ventajas" de los trabajadores sindicados no tienen por que ser obtenidas siempre a expensas de los no sindicados; pueden serlo también a costa de algunos de los miembros del propio sindicato. Los salarios mas altos percibidos en una rama industrial (supuesta una demanda elástica para su producto) pueden reducir el número de empleados en ella. Esto puede provocar el paro de algunos de los aliados al sindicato "victorioso". El resultado puede ser que el total de los salarios pagados en esa industria represente una suma menor que la pagada antes de ser impuestos los tipos de salario más altos.
Además, los "aumentos" sindicales (utilizando siempre esta expresión para referirnos a cualquier exceso sobre los salarios que hubiese fijado el mercado libre) se lograrán no sólo a expensas del paro o la baja de salarios para otros trabajadores, sino a costa de los consumidores, a los que se obligará a pagar precios más altos. Pero como la gran masa de los consumidores se compone de otros trabajadores, ello significa que tales ventajas serán a costa no sólo de los trabajadores no sindicados, sino también de otros sindicados. Los salarios reales de la masa trabajadora disminuyen siempre que hay que pagar precios más altos.
Una vez claramente reconocido que las ventajas que cada sindicato obtiene mediante la amenaza de huelga lo son a costa de los demás, cuyos miembros se ven obligados a pagar mayores precios, se derrumba el mito de la "solidaridad obrera". Es este mito el que ha mantenido en marcha el arma de la huelga. Ha producido simpatía por las huelgas y tolerancia para los perjuicios públicos que provocan. A la gran masa obrera se le ha enseñado a creer que el trabajador debe siempre apoyar cualquier huelga, por todos los medios y por irrazonable que parezca lo que se pide; y respetar siempre las barreras y piquetes de los huelguistas, porque todos los trabajadores tienen los mismos intereses. Se piensa que el éxito de una huelga favorece siempre a todos los obreros, como su fracaso les perjudica.
El gran espejismo
Tal es el gran espejismo moderno. En realidad, las "ventajas" que cada sindicato arranca, al elevar los costos de una determinada industria, y, por tanto, sus precios, reducen los salarios reales a todos los demás trabajadores. Los intereses de los diversos sindicatos son antagónicos.
Hasta aquí me he referido al perjuicio causado por los convenios arrancados a golpe de huelga, o las "ventajas" conseguidas bajo su amenaza, pero no he hablado todavía del daño causado por las propias huelgas. Aunque las huelgas son en apariencia contra los empresarios, la mayoría de ellas van dirigidas en realidad contra el público. Se guían por la idea de que si le causan suficientes dificultades exigirá que el empresario capitule ante las demandas de los huelguistas.
Los ejemplos son demasiado numerosos para citarlos, y los hay de sobra sin salir de Nueva York. En los últimos años ha habido huelga en los autobuses y en el metro; huelga del servicio de limpieza, con sus secuelas de suciedad, ambiente mefítico y amenaza de epidemia; huelga de repartidores de fuel-oil y reparadores de quemadores, durante una temporada de gran frío y epidemia de gripe, cuando al menos 40.000 personas seriamente enfermas se helaban en sus viviendas sin calefacción; huelga de los 20.000 empleados de la Consolidated Edison, que suministra la energía eléctrica a Nueva York; huelga de sepultureros y empleados de hospitales.
La principal palanca con que los huelguistas contaban para lograr la capitulación ante sus exigencias eran las incomodidades y sufrimientos que podían causar, no directamente a los empresarios, sino ante todo al público. Pero, ¿quién es el público? En su gran mayoría, otros trabajadores, incluidos los miembros de otros sindicatos. Incluso pueden ser miembros del propio sindicato huelguista y de sus familias. Son los hijos del repartidor de fuel en huelga los que pueden estar enfermos y dando diente con diente por falta de combustible.
Tal es el absurdo de la "solidaridad obrera"; tal la insensatez de una "huelga general". Semejante huelga es suicida para los propios trabajadores. Es una guerra de todos contra todos. La minuciosa división del trabajo en nuestra moderna sociedad industrial, que la hace tan productiva, la hace también cada vez más interdependiente. Por ello, cada uno de los centenares de sindicatos trata por turno de explotar la dependencia en que la comunidad se halla de los servicios del tipo de trabajadores que agrupa, y el daño que puede causar haciéndolos dejar su trabajo e impidiendo que otros lo hagan. Un enorme camión puede ser obligado a detenerse si alguien le quita el carburador, el distribuidor o la batería, o una sola de sus ruedas, o simplemente desconecta un cable. De modo análogo, la industria de un país puede ser obligada a detenerse mientras los trabajadores de una de sus múltiples ramas demuestran orgullosamente lo indispensables que resultan sus servicios.
Pero, ¿cómo hemos podido llegar a creer en serio que esta rebatiña desordenada, azarosa, violenta, injusta, obstructora, fragmentaria y en la que cada sindicato mira sólo a sus intereses del momento es el camino para promover la "justicia social"? Lejos de estimular la cooperación dentro del "movimiento obrero", el arma de la huelga hace que cada líder sindical, a fin de conservar su puesto, trate de demostrar que es capaz de conseguir para sus afiliados más que otros dirigentes para los suyos, entablando así una competencia en la que sólo se trata de quedar encima a cualquier precio.
Aún no he conseguido ver una exposición seria y competente de la teoría sindical de la formación de los salarios. No he podido oír a ningún apologista de los sindicatos tratar, por ejemplo, de determinar científicamente en qué medida exacta los afiliados a un determinado sindicato cobran menos de lo que deben, qué aumento tienen razones para pedir y a partir de que cifra sería excesivo. Los jefes sindicales tienen a misma fórmula para cualquier situación: pedir más.
En la medida en que en su conducta vaya implícita alguna teoría, parece tratarse de una confusa forma del dogma marxista de la explotación. Jamás admiten que los salarios puedan ser convenientemente determinados en un mercado libre. Por lo que llega a colegirse, el empresario nunca paga voluntariamente lo que es "justo", y aumenta los salarios bajo la amenaza de huelga o mediante una "dura negociación" con los lideres sindicales; y las ventajas que el sindicato consigue para sus afiliados son exclusivamente a expensas del empresario y de sus "beneficios excesivos". Lo que ganan los trabajadores lo pierden, pues, los capitalistas.
Esto puede ser cierto en una determinada rama industrial y para un corto plazo. Una vez invertido un capital en una determinada industria --un ferrocarril, una acería o una fábrica de automóviles--, ese capital se encuentra atrapado --en rehenes, podríamos decir-- y los sindicatos pueden explotarlo. La fábrica seguirá funcionando y empleando obreros, mientras pueda obtener algo más que los gastos de explotación, y aunque sea ínfima o nula la renta de capital ya invertido. Pero en esa fábrica o industria no volverá a invertirse capital fijo, al menos hasta que no vuelva a producir un interés tan alto como el de las nuevas inversiones de capital en otros sectores. Entretanto, esa industria permanecerá estancada, o incluso se reducirá, y con ella los puestos de trabajo que proporciona.
Un valladar contra la inversión de capital
Semejante resultado no será sólo consecuencia del éxito de anteriores huelgas o amagos de huelga en esa industria. Cuando la amenaza de huelga se hace crónica en una industria, y parece adquirir carácter sistemático, no habrá ya inversionistas dispuestos a arriesgar en ella. Las tácticas sindicales pueden incluso acabar por reducir gravemente la tendencia general a la inversión.
De aquí que las ventajas conseguidas por los sindicatos no sean nunca duraderas. A la larga, no sólo reducen las oportunidades de empleo, sino los salarios reales del conjunto de la clase trabajadora. Porque la productividad de la industria y, por tanto, los salarios reales de quienes en ella trabajan, dependen del capital invertido por trabajador. Sólo porque la industria manufacturera norteamericana ha invertido más que la de cualquier otro país --unos 30.000 dólares por trabajador en activo (1)-- son sus salarios tan superiores a los de los demás países.
Los sindicatos sólo pueden hacer víctima de su explotación al capital ya invertido, y ello a costa de desanimar a los posibles inversores. Al dificultar la inversión, al obstaculizar el mantenimiento, la expansión y la modernización, lo que los sindicatos consiguen a la larga es reducir los salarios reales a un nivel inferior al que de otro modo hubiesen alcanzado.
Pero no es ésta la única manera en que los sindicatos disminuyen los salarios reales. Lo hacen también, y lo han hecho desde que existen, con sus disputas jurisdiccionales; obligando a emplear más obreros de los necesarios en una determinada tarea; con su hostilidad sistemática al trabajo a destajo; con la incitación al trabajo lento y el apoyo a maulas y remolones, a fin de "combatir las cadencias excesivas", y con otras mil variantes de las prácticas que en Norteamérica se llaman expresivamente "de colchón de plumas".
En su famoso comentario a la obra de WILLIAM THORNTON sobre la clase obrera, escribía John STUART MILL en l869:
"Algunas de las normas de los sindicalistas no se conforman con prohibir los adelantos; están pensadas con el expreso fin de hacer el trabajo ineficiente; prohiben positivamente al obrero trabajar bien y con ahínco, a fin de que resulte necesario emplear un mayor número de hombres. Normas como la de que nadie debe trasladar ladrillos en una carretilla, sino en una artesa, y nunca más de ocho a la vez; que las piedras no deben ser trabajadas en la cantera, cuando todavía están blandas, sino a pie de obra y por quienes van a utilizarlas; que los enlucidores no deben hacer el trabajo de los peones ni éstos el de aquéllos, sino que debe emplearse a un enlucidor y un peón donde uno de los dos bastaría; que los ladrillos fabricados a un lado de un determinado canal deben quedar allí tirados e inútiles mientras se fabrican otros nuevos para continuar la obra en la otra orilla; que nadie debe hacer durante la jornada más trabajo que sus compañeros; que no deben superar una determinada velocidad al dirigirse al trabajo cuando este tiempo es "por cuenta del amo"; tales ejemplos, y otros muchos semejantes... pueden encontrarse en la obra de THORNTON."
En resumen, vemos que esas prácticas, hoy desgraciadamente familiares, llevan en vigor más de un siglo. Los sindicatos, lejos de "madurar" no muestran la más leve intención de abandonarlas y, por el contrario, ponen obstáculos cada vez mas irrazonables. siguen oponiéndose al empleo de nueva maquinaria capaz de ahorrar brazos, se niegan a aceptar la menor disciplina y hacen cada vez mas difícil la labor de dirección.
Reducir la productividad supone reducir los salarios. A la larga, tales prácticas miopes no pueden tener otra consecuencia que la de mantener los salarios reales por debajo de las cotas que de otro modo hubiesen alcanzado.
Los sindicatos y la inflación
Nos queda por decir algo acerca de los efectos que el sindicalismo tiene sobre la inflación. En contra de una opinión muy extendida, los sindicatos no provocan directamente la inflación al utilizar el arma de la huelga para conseguir aumentos salariales. El resultado económico normal de tales alzas excesivas en los salarios sería tan sólo eliminar los márgenes de beneficio y producir paro. Mas, bajo la influencia de la ideología keynesiana y de las actuales presiones políticas, se admite que las autoridades monetarias tienen la obligación de emitir más moneda a fin de elevar los precios y hacer así posibles salarios más altos. Mientras esta ideología se halle vigente, los aumentos salariales conseguidos por los sindicatos conducirán a una inflación progresiva. Este proceso debe llegar a hacer crisis, con desastrosas consecuencias. Entre tanto, al forzar aumentos cada vez mas frecuentes en los salarios en dinero, aumenta aún más el popular espejismo de que los sindicatos mejoran los salarios reales.
Hasta ahora no me he referido aun punto muy importante, que una y otra vez pasa inadvertido para los keynesianos y los apologistas del sindicalismo. Hay una distinción que no debemos nunca perder de vista, y es la que existe entre los tipos de salario y el total de las nóminas o renta salarial total. Siempre que el aumento en los tipos de salario provoca un paro más que proporcional, reduce la renta total de los trabajadores. Por tanto, tales aumentos forzados en los tipos de salario no suponen ganancia, sino pérdida para los trabajadores. Pero los líderes sindicales y los apologistas del sindicalismo siguen poniendo el énfasis en conseguir salarios más altos.
Resumiendo: históricamente, el efecto general de la política sindical ha sido reducir la productividad, desalentar las nuevas inversiones, distorsionar la estructura y el equilibrio de la producción, empujar a los no sindicados a empleos peor pagados y reducir tanto la producción como el total de los salarios y la renta reales del conjunto de los trabajadores.
Los tipos de salarios más convenientes para los trabajadores considerados en conjunto son los fijados por un mercado libre. Hay, sin duda, esferas en las que la actividad de los sindicatos, acertadamente encaminada, puede resultar beneficiosa. Así la negociación con cada empresario sobre, por ejemplo, la duración de la jornada y las condiciones del trabajo, tales como iluminación, ventilación, instalaciones sanitarias, lugares de descanso, pausas en la tarea, normas técnicas, tramitación de quejas y otras semejantes. Pero siempre que se permita a los sindicatos recurrir a la violencia y a las tácticas coercitivas para conseguir sus fines, el resultado será a la larga perjudicial para los propios trabajadores.
Sabido esto, ¿cuál debe ser la actitud del público para con los sindicatos, y cuál el marco legal en que éstos se desenvuelvan?
Ante todo, el público debe reconocer que los intereses de los sindicatos y de sus jefes no son en modo alguno idénticos a los del conjunto de trabajadores, y que estar a favor de los sindicatos no supone siempre estar a favor de los trabajadores.
De acuerdo con el principio de libertad de asociación pacífica, la ley no debe prohibir los sindicatos, pero tampoco le corresponde protegerlos y fomentarlos. Desde luego, el gobierno no debe, a la manera del de Estados Unidos, actuar como un departamento de organización sindical y obligar a los empresarios a negociar con los sindicatos. Y bajo ningún concepto deben ni la legislación ni los encargados de hacerla cumplir tolerar la violencia, el vandalismo y la intimidación sindicales.
Traducido a términos más concretos: las autoridades federales, estatales y municipales de este país no necesitan prohibir la sindicación de sus empleados, pero tampoco tienen ninguna obligación de reconocer tales sindicatos ni de consultarles ni negociar con ellos al fijar la retribución o las condiciones de trabajo. Bajo ningún concepto deben tolerar una huelga de empleados públicos. Las autoridades han sido notoriamente blandas al tratar con los sindicatos, pero la ley debe darles amplia discreción para decidir las sanciones a imponer, desde la pérdida de sueldo y multas leves a la suspensión de empleo o el despido. Por supuesto, ninguna de estas sanciones tendrá la menor efectividad si esas autoridades no tienen también un claro derecho a contratar inmediatamente personal eventual o permanente que reemplace a los huelguistas.
Para la industria privada, los requisitos mínimos son: 1) la completa derogación de la ley Norris--La Guardia de l932, cuyos preceptos equivalen a una auténtica denegación de auxilio a empresarios y no huelguistas contra la violencia, el vandalismo y la intimidación que pueden acompañar a las huelgas; y 2) la derogación de la ley Wagner-Taft-Harley de l935 y l947, que obliga a los empresarios a reconocer a determinados sindicatos y a "negociar colectivamente" con ellos, y en último término a hacerles concesiones.
La derogación de éstas y otras medidas significaría simplemente la vuelta de Estados Unidos a la situación legal federal anterior a l932. Pero, además, debe prohibirse el sistema de piquetes, así como cualquier otro que implique hostigamiento o intimidación.
La tolerancia que las autoridades han tenido durante un siglo con la coerción y la violencia sindicales es en gran parte debida al mito de que tal violencia es necesaria para conseguir "salarios justos" y "que se haga justicia a los trabajadores". Mientras este mito no sea eliminado, no podemos esperar paz en las relaciones laborales, un progreso económico ordenado y el máximo de ingresos reales para la gran masa de los trabajadores.
(1) Estimación para l968, según The Conference Board, "ROAD MAP TO INDUSTRY", núm. l.676.
El presente trabajo de HENRY HAZLITT es la transcripción del capitulo trece de su libro "La conquista de la pobreza", cuya edición en español, publicada por Unión Editorial, S.A., de Madrid, distribuye en la República Argentina el Centro de Estudios sobre la Libertad. Las ideas principales de ese capitulo fueron expuestas por el autor en una conferencia que pronunció ante los miembros de la sociedad "Mont Pelerin", en Munich, Alemania Occidental, en l970.
Ellas se refieren a los Estados Unidos; pero, como los lectores advertirán, son también aplicables a nuestro país donde el carácter negativo de la actividad sindical se ha extremado sobremanera y representa un peligro para la libertad y el bienestar de las personas, mucho más grave aún que el señalado aquí por el gran economista norteamericano.
Tomado de Ideas sobre la Libertad, Nº 31, Año XVII, Diciembre de 1975, Centro de Estudios sobre la Libertad, pág. 47/56.
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